La transición que el país sufrió en el año 2008 con la Reforma Constitucional en Materia Penal modificó paradigmas arraigados en el sistema de justicia inquisitivo. Se transformó la manera de concebir y hacer justicia por parte de sus agentes y la percepción de la ciudadanía respecto a las instituciones de procuración e impartición de justicia. Un requerimiento del nuevo modelo acusatorio oral es la justicia alternativa como medio para solucionar problemas relacionados con delitos considerados no graves. Esta nueva forma de resolver conflictos busca descongestionar la carga penal de las instituciones de justicia y ofrecer recursos como la conciliación, la mediación y la junta restaurativa, que permiten llegar a acuerdos reparatorios entre las partes involucradas.