El sistema integral de justicia penal juvenil prevé como finalidades que se restituyan los derechos de las personas adolescentes, que las medidas sean socioeducativas con el objetivo de lograr la reintegración familiar y social, así como la reinserción social y que, a su vez, se trabaje en el sentido de responsabilidad por el daño causado. La construcción y apuesta por un sistema garantista que no busque castigar sino prevenir el delito y atender las causas estructurales en las que se sostiene es una posición compartida, sin embargo, una parte esencial que surge cuando se cometen delitos son las víctimas, a las cuales también deben garantizarles sus derechos, en particular la reparación integral del daño. Dado que el Estado tiene obligaciones, incluso reforzadas, con ambas partes, éste debe hacerse cargo. Esta exigencia se sostiene en el principio de responsabilidad solidaria. Desde una visión crítica social se busca mostrar las dimensiones legales, instituciones y contextuales que rodean al problema, y algunas posibles modificaciones que pueden aminorar el impacto adverso que tiene el ineficaz funcionamiento del sistema sobre las partes.